El juez Pablo Yadarola solicitó que el Gobierno nacional "establezca cuál sería el mejor destino en términos de utilidad pública".
La Justicia ordenó el decomiso de los casi 800 mil dólares que el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson quiso ingresar al país sin declarar para presuntamente aportarlos a la campaña de Cristina Fernández a la Presidencia en 2007.
Fuentes judiciales informaron hoy que el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola dispuso el embargo “definitivo y anticipado a favor del Estado” y con “fines sociales reparatorios” de los 790.550 dólares encontrados en el interior de la valija de Antonini Wilson.
El juez, a su vez, solicitó al jefe de gabinete de Ministros, Marcos Peña, que el Gobierno nacional “establezca cuál sería el mejor destino en términos de utilidad pública (salud, educación, o cualquier otro) para que la suma de dinero decomisada en esta causa pueda reparar, en alguna medida, el daño causado a la sociedad con motivo del suceso objeto de pesquisa”.
El caso de la valija estalló el 4 de agosto de 2007, en vísperas de la visita al país del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, cuando arribó al aeroparque “Jorge Newbery” un avión privado contratado por la empresa estatal ENARSA que provenía de Caracas.
Allí viajaban dos funcionarios kirchneristas, el presidente de ENARSA Exequiel Espinosa y el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, su secretaria Victoria Bereziuk y los pasajeros venezolanos Diego Uzcátegui, vicepresidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, su hijo Daniel, Alejandro Antonini Wilson y tres funcionarios de la petrolera.
Al pasar los controles, Antonini dijo que llevaba en su valija libros, pero los controladores descubrieron que sumaban casi 800 mil dólares que, en ese momento, abandonó allí.
Antonini Wilson pasó tres días en el país, participó en la recepción oficial brindada a Chávez en la Casa Rosada, y luego viajó a Miami, Estados Unidos, donde reside actualmente.
Allí hizo declaraciones, en 2008, a la cadena de noticias CNN y aseguró que el dinero secuestrado en el aeroparque “era de PDVSA”, la petrolera estatal venezolana, e “iba para la campaña presidencial de la actual presidente Cristina Kirchner”.
En abril pasado, la Corte Suprema de Justicia revocó la prescripción de la causa y ordenó su reapertura al hacer lugar a un recurso de queja presentado por la fiscal ante la Cámara Federal de Casación Gabriela Baigún y sostenido por el Procurador General Adjunto Eduardo Casal.
La causa, caratulada “Uzcátegui Matheus, Diego Bautista s/contrabando”, “Uzcátegui Specht, Daniel David s/contrabando” y “Uberti, Claudio s/contrabando”, volvió al fuero en lo Penal Económico para continuar su tramitación en relación con el delito de “contrabando agravado”, que contempla una pena máxima de 12 años de cárcel.